Planes especiales de centros históricos: laboratorio en construcción

24 de Septiembre de 2018

El atropello al fuerte de San Felipe, en Cartagena, es una lección que obliga a repensar normas.

Desde la Ley 388 de 1997, el país se dedicó a la planeación de escala general, a través de los planes de ordenamiento territorial (POT), pero descuidó la planeación de escala intermedia y de detalle. Dicha disposición legal, inspirada en la ley del suelo española, adoptó los planes parciales para los tratamientos de renovación y desarrollo urbanos, pero no acogió los planes especiales de reforma interior (Peri) para el tratamiento de conservación (y rehabilitación). 

Los Peri, que tienen algunos elementos en común con los planes de revitalización de centros históricos de América Latina, hubieran resultado muy útiles para la gestión urbana y cultural de los centros históricos colombianos.

Una exploración un tanto a ciegas –con escasos referentes internacionales y desconectada del ordenamiento territorial– dio origen a los planes especiales de centros históricos (PEMP). Esta búsqueda se proponía dar un paso adelante de las anteriores reglamentaciones que implementaban la política cultural para los centros históricos y el patrimonio inmueble, fundada por Colcultura en el gobierno de Virgilio Barco, y que se constituyó en un hito en el pensamiento acerca del tema. 

Infortunadamente, el Ministerio de Cultura no quiso (o no pudo) entender que los PEMP de centros históricos podían inaugurar un trabajo serio en la planeación de escala intermedia y, al contrario, decidió aislarlos de los asuntos de reforma interior. 

La gran apuesta por los centros históricos se encuentra condensada, pues, en el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos, que heredó y extendió, en actitud continuista, el gobierno de Juan Manuel Santos.

Resulta inexplicable que este reto no se haya asumido como la contracara del modelo de desarrollo urbano expansivo, cuyo cuestionamiento constituye una interesante oportunidad para los tejidos urbanos céntricos. 

Es extraño también que la experiencia colombiana no se integre al movimiento de “regreso a la ciudad construida” de la América Latina y del cual hablara el experto ecuatoriano Fernando Carrión desde el año 2000. En un urbanismo de transformación y reciclaje, característico del siglo XXI, llama la atención, además, el desfase entre el tratamiento de conservación asignado a los centros históricos por la política urbana y el tratamiento de renovación, que interesa a la política cultural y que arriesga la pérdida o deterioro crítico no solo del patrimonio urbano, sino también del patrimonio inmaterial de estos centros. 

Inquieta, asimismo, que Colombia no haya apropiado el Laboratorio de Centros Históricos que América Latina constituyó a lo largo del último medio siglo, el cual enseña que el manejo de los centros y de su patrimonio cultural es un asunto de urbanismo, de comprensión de procesos territoriales y prácticas socioculturales, incluso de una cierta financiación ligada a la movilización inteligente de las rentas urbanas. Pareciera que este desconocimiento incide en la ausencia de un trabajo serio en la gestión urbanística y financiación de la regeneración urbana de estos centros.

Dichos planes especiales no están concebidos como experiencias locales y sí están definidos como proyectos normativos. El foco y la energía se ponen, entonces, en la producción de una norma y no en la rehabilitación práctica y el re-equilibrio de los centros históricos. 

Su metodología no reconoce la complejidad espacial ni la diversidad social, y no obliga a la apropiación o definición de instrumentos para la intervención y la gestión. Las intervenciones propuestas tienen poco sentido de realidad, lo cual distancia temporalmente la planificación de la acción.

El país se dedicó a la planeación de escala general, a través de los POT, pero descuidó la planeación de escala intermediaAunque puede haber alguna excepción de última generación, los PEMP no son proyectos estratégicos (esto es, no son selectivos en su actuación conforme a tiempos y recursos ni tienen visión de largo plazo), ni son innovadores (es decir, no son transformadores ni están en capacidad de crear nuevos dispositivos para la gestión de centros), ni son abiertos (esto es, son normativos, inflexibles y se debaten cortamente). 


No tienen tampoco una vocación de gobernanza (o sea, la idea de territorialidad es limitada, no se incorpora el concepto de transversalidad e integración de la intervención ni mucho menos de buenas prácticas, la participación es débil y los procesos de evaluación periódicos son escasos o inexistentes). 

La gran mayoría de estos planes no consideran la vivienda, el desarrollo local y otros asuntos propios de una necesaria intervención económica y social del centro. 

Aunque ellos apropian uno que otro trabajo del Ministerio de Transporte, pareciera que no se ha entendido la movilidad sostenible como uno de los ejes de la revitalización. No es visible un esfuerzo sostenido en el estudio de la forma urbana, asunto delicado si se entiende que la materialidad de estos centros históricos debe ser objeto de conservación y que bien puede llegar obra nueva bajo ciertas reglas derivadas –justo es advertir– del análisis de los tejidos urbanos y la arquitectura. El atropello al fuerte de San Felipe de Barajas, en Cartagena, por el proyecto Aquarela, es una lección, en negativo, de este tema, que obliga a pensar en normas dibujadas más que en normas literales.

El balance a julio del 2017 indica que el gobierno Santos logró catorce PEMP concluidos y perfeccionados legalmente y finalizó y legalizó tres que provenían del gobierno Uribe. El cumplimiento en números en esta y otras metas, sin duda, es bueno. Ello es importante en la gestión pública, pero no suficiente. A pesar del esfuerzo realizado, en general, los PEMP no son obrantes y muchos de ellos están literalmente engavetados. 

La única travesía sensata, ahora, es recomponer los planes especiales, para hacerlos operativos, aprovechando esta oportunidad para impulsar procesos locales alrededor de los centros históricos. 

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